Tenía razón Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), el pasado 2 de diciembre, cuando durante la marcha “SOS Discapacidad”, dijo que “tendríamos que estar celebrando una fiesta y nos vemos obligados a asistir a un duelo”. Se refería al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre y que, en esta ocasión, ha contado con un tinte reivindicativo y de protesta.
Tenía razón él y las cerca de 90.000 personas que salieron a las calles de Madrid en señal de descontento con las políticas de recortes en materia de atención a personas con discapacidad. Todas ellas reclamaron no dar un paso atrás porque “hemos sido los últimos en llegar y no podemos ser los primeros en ser excluidos”, porque en términos económicos, la discapacidad conlleva un gasto extra, pero también tiene muchas caras que son más que un peso extra, son un detonante de la cruda situación que viven las personas con discapacidad.
La discapacidad representa un incremento de las dificultades para realizar una vida normalizada. Con una crisis, las dificultades asociadas pueden agravarse, como ocurre actualmente, si no se destinan los medios necesarios. Pero la discapacidad no es sólo “tener entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas”, tal y como lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, si no que es un peso añadido a situaciones sociales que también se ven arrasadas por la situación de crisis actual.
Detrás de cada persona con discapacidad también hay una historia. Puede que un caso de desempleo de más de dos años de duración, o quizás un caso de impago de una hipoteca que podría terminar en desahucio, o tal vez una imposibilidad de pago de las tasas universitarias debido a su reciente encarecimiento. Porque ante todos esos pagos, y sin ingresos, prima el bienestar de salud y físico sin el cual el aporte como trabajadores no se cumpliría jamás.
Obviamente, una persona con una deficiencia auditiva que precisa de la compra de baterías para su doble implante coclear implica tener que hacer más “tetris” con los gastos diarios en esta recién encarecida economía, siendo las piezas de prótesis auditivas y éstas mismas un artículo de primera necesidad para las personas con sordera. Sin ellas, no hay audición o ésta es mala, y con ellas, se disparan las probabilidades de acceder a una educación y a un empleo.
La cubertura de la cartera de piezas ortoprotésicas resulta vital en el campo en que nos movemos. Aquella persona que perdió la pierna en un accidente y que se ve obligada a utilizar una prótesis cara que antes le cubría la Seguridad Social y su Comunidad Autónoma, hoy puede ser una de esas personas que se enfrentan a un doble o triple reto: la finalización de su prestación por desempleo, el difícil acceso al mercado laboral y, cómo no, la compra de una pieza que ni es un capricho, ni es precisamente barato.
De ahí que la discapacidad no sea un ámbito independiente o un colectivo que abarca solo al entorno sociosanitario. En esta crisis, raro es quien no tenga más de un frente abierto por sus condiciones especiales. “Nos han quitado hasta las migajas”, sentenciaban los manifestantes, migajas que, en mi opinión, nunca hemos tenido en la práctica por la cantidad de trabas legales y de baches que siempre hemos encontrado para acceder a cualquier servicio sociosanitario, a la educación, al empleo, a la igualdad de oportunidades, etc.
«Lo irónico es que los recortes se aplican a grupos sociales como el de las personas con discapacidad que, nunca, nunca, ni en los mejores momentos económicos, termina de alcanzar una normalidad cívica en el acceso a los bienes y derechos básicos. Nunca hemos estado bien», decía Pérez Bueno en la primera protesta unitaria que ha vivido la discapacidad en nuestro país. Primera protesta de un colectivo casi invisible. Primera protesta que no debería ser la última.
Es una pena vivir el “duelo” de las miles de personas que están a punto (o ya lo han hecho) de perder sus asistencia sociosanitaria, su apoyo educativo o su plan de inserción laboral porque “no hay voluntad política para resolver esta dispersión, este tratamiento diferente que perjudica a los derechos de las personas”. Pero lo que es más triste es recordar la constante lucha y la vaga respuesta de la clase gobernante, que hace recordar que tampoco antes había mucha más implicación política… a excepción del periodo de campaña electoral, claro.
Soy la madre de una niña con deficiencia auditiva escolarizada en un centro de Castilla y León. Aquí, esta semana, hemos tenido que ver com se rescindía el contrato de todos los intérpetes de lengua de signos en ámbito educativo por tener experiencia, y se ha contratado otros sin experiencia pero a los que no había que reconocer la antigüedad, y todo esto casi al final del trimestre.
Además, en el caso de mi hija, aunque lo hemos solicitado hace 2 años, no hemos recibido FM ni respuesta a nuestra solicitud. Para colmo, este curso la niña está en un aula con muchísma reverberación que no cumple ni la normativa mínima de acústica para las aulas de la comunidad, pero nos dicen que ese problema no les compete. ¡Qué importa si así estamos vulnerando el derecho a la educación o el derecho a acceder a la información!