En el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha celebrado la primera reunión con instituciones diversas y organizaciones que trabajan en el campo de la discapacidad auditiva para el desarrollo de la “Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”.
El propósito de esta comisión es darle forma a un reglamento que el Gobierno se ha comprometido a impulsar durante este año. Y de fondo, que la ley tenga una aplicación efectiva que permita a las personas sordas disfrutar de sus derechos en todos los ámbitos.
Desde aquí queremos reivindicar la búsqueda de datos reales sobre las personas con problemas de audición, tengan o no el reconocimiento de un grado de discapacidad superior al 33% (el porcentaje que permite ser perceptor de ayudas y servicios) y el sistema de comunicación que utilizan. Porque mientras no se tengan datos reales no es posible planificar ni cuantificar económicamente las decisiones adoptadas.
El encuentro fue presidido por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, quien declaró que lo importante es que el desarrollo de la ley sea transversal. Lo más inmediato es crear un calendario de trabajo y un borrador del reglamento. La próxima reunión está prevista para el mes de febrero. Sin embargo, en el grupo no hay representantes de otros ministerios, como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o el de Empleo y Seguridad Social cuando se supone que el desarrollo de la ley incorporará medidas que tendrán repercusión presupuestaria pues tienen que tener en cuenta los principios de no discriminación, transversalidad, accesibilidad universal, libertad de elección y normalización conforme se indica en el artículo 5, del título preliminar de dicha ley. Sería deseable que el reglamento fuera útil y pudiera garantizar el cumplimiento de todos ellos para que las personas con sordera y sordoceguera puedan participar en la sociedad en condiciones de igualdad.
