Perdone, dice usted que aquí tenemos, ¿qué?
Esta pregunta me la hizo, dos meses atrás, un Guardia de Seguridad de la entrada de una sede judicial que empezó a funcionar hace poco tiempo en la Comunidad de Madrid cuando, al llegar para asistir a un cliente en su declaración, pregunté si el bucle magnético, cuya instalación se anunció en prensa como algo muy novedoso al inaugurarse el edificio, estaba activado en todas sus dependencias, o sólo en alguna de las salas en las que se celebran juicios y vistas.
El trabajador me indicó que debía dirigirme, para solicitar información, al Decanato de los Juzgados que, entre otras funciones, ha de velar por la correcta utilización de las dependencias judiciales; pues él no tenía idea de qué pudiera ser aquel aparato por el que yo le estaba preguntando. Tampoco había visto ninguna señal azul, con el dibujo de una oreja cruzada por una raya, y una “T” en su esquina inferior, como la que yo le explicaba debía encontrarse en el lugar donde fuera posible usarlo.
Así lo hice y, para mi asombro, me contestaron igual. Les explique que se trata de un sistema de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnético que puede ser captado por las bobinas de las prótesis auditivas (audífonos e implantes), permitiendo a sus usuarios conectarse a ella para recibir un sonido sin interferencias ni reverberación, posibilitando una mejor comunicación. También que, cuando se abrió la sede, se publicitó que la misma contaba con bucle magnético, dotando al edificio de accesibilidad auditiva y derribando, con ello, parte de las barreras que encontramos quienes tenemos una pérdida de audición en el ejercicio de nuestros derechos ante los Tribunales; tanto quienes desarrollamos nuestro trabajo allí, como cualquier ciudadano, cuando acude como testigo o es parte en un juicio en el que defiende sus intereses.
Por toda respuesta (como ya me sucediera, hace bastantes años, en unas salas de cine de Madrid, al hacer la misma pregunta), me dijeron que no sabían si “eso” estaba instalado, ni dónde, ni cómo hacerlo funcionar; remitiéndome, finalmente, al encargado de mantenimiento del edificio.
No me fue posible hablar con esa persona en aquella ocasión, pero intentaré hacerlo cuando tenga que volver. Porque me enfada enormemente que la Administración se haya gastado una cantidad muy importante de dinero en construir un edificio accesible, para que, entre otras cosas, los ciudadanos que tienen una discapacidad auditiva puedan comunicarse mejor y ejercitar sus derechos en igualdad y que, a la hora de la verdad, los que allí trabajan ni siquiera sepan de lo que estamos hablando.
Por desgracia, no es el único edificio judicial en el que me ha pasado algo similar.
Cierto es que muchas de las sedes de nuestros Tribunales son antiguas y, según me han explicado, la instalación del bucle magnético resulta costosa y compleja si pretende hacerse años después de concluir la construcción del inmueble.
Pero también me he encontrado otros reformados recientemente, en cuya rehabilitación sí se previó su instalación, figurando la misma en proyectos y planos, según me indicaron sus técnicos; sin que, finalmente, llegase a hacerse, por razones desconocidas.
O, incluso, otras sedes nuevas en las que, pese a encontrarnos en todas sus plantas y, concretamente, en la entrada de las salas en las que se celebran los juicios, la señal de bucle magnético, al solicitar del Tribunal poderlo utilizar, nadie sabe de qué se trata ni cómo funciona; para acabar diciéndote que sus técnicos les han informado que está desconectado y no saben cómo activarlo.
Pese a que se acercan avances tecnológicos como el Bluetooth 6.0 o Auracast que, al parecer, permitirá la conexión de audífonos e implantes a través de sistemas de más fácil y económica instalación en múltiples lugares de uso público, es una pena que una tecnología de la que aún muchos nos podemos beneficiar, como es el bucle magnético, esté abandonada y sin uso en algunos de los (pocos) lugares en los que ha sido instalada, porque quienes trabajan en ellos desconocen su existencia y funcionamiento.
Pero, sobre todo, resulta difícil de entender que siendo los recursos económicos limitados, nuestras Administraciones gasten parte de ellos en dotar las oficinas, servicios de atención al ciudadano y de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia, de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que establece el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, para que, finalmente, su utilización resulte imposible por quienes son los destinatarios de ellas, por no haberse formado previamente a quienes allí trabajan sobre los ajustes y medidas implantadas.
Por ello, creo que siempre que tengamos la oportunidad hemos de seguir exigiendo poder hacer uso de esta tecnología allá donde aparezca como instalada; pues no sólo redundará en la mejora de nuestra propia comunicación sino en beneficio de otros muchos usuarios de prótesis auditivas.
