“El Diario Montañés” se ha hecho eco de una interesante propuesta: la de crear la figura de un mediador en la Administración de Justicia. El objetivo es que las personas con discapacidad auditiva que usan lenguaje de signos puedan desenvolverse en las mismas condiciones que los demás. Este fue el resultado de la reunión de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de aquella comunidad (Fescan).
El compromiso consiste en facilitar el acceso de las personas con sordera a los servicios públicos de justicia, emergencias y administración electrónica. Las iniciativas en esta materia suelen provenir de políticos relacionados con el mundo de la discapacidad. En concreto, fue el diputado de Podemos Alberto Bolado, que es invidente, quien en comisión parlamentaria explicó los problemas de accesibilidad para algunos servicios.
Fescan también propuso mejorar el acceso de los discapacitados auditivos al Servicio de Emergencias 112, que supere el actual sistema de comunicación de mensajes de texto con un sistema de petición de ayuda vía telefónica mediante una aplicación más ágil y más sencilla de usar.
La igualdad de derechos OBLIGA a las administraciones a dotar a sus organismos de los recursos necesarios para que TODOS los ciudadanos, con o sin discapacidad, puedan realizar gestiones, acceder a servicios… autónomamente.
